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miércoles, 28 septiembre, 2022

Tribunal impide acceso a expedientes para defensa de militantes detenidos de Bandera Roja

Bandera Roja reitera a las autoridades su exigencia de libertad inmediata para Meléndez, Negrín, Astudillo y Cortés; así como para Alcides Bracho, docente y activista sindical del sector universitario, y el trabajador humanitario y sindicalista Gabriel Blanco, acusados por los presuntos delitos de conspiración y asociación

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Caracas.- La coordinadora de derechos humanos del partido Bandera Roja, Susana Rojas, alertó este lunes, 18 de julio, que los abogados a cargo de la defensa de los dirigentes sindicales, activistas y militantes de la tolda política opositora detenidos, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés, no tienen acceso a los expedientes para ejercer las apelaciones respectivas.

De acuerdo con lo denunciado por Rojas, el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia con competencia en terrorismo, con sede en Caracas y que lleva la causa de cuatro de los detenidos de Bandera Roja, así como del activista Gabriel Blanco, no permite que la defensa ejerza las apelaciones de rigor por la negativa de acceso a los expedientes.

«Estas detenciones, como debe recordarse, ocurrieron entre el 4 y el 7 de julio. Inicialmente, la forma de esos procedimientos fue desaparición, ese fue el estatus que manejamos desde un principio; luego, con misiones propias del partido, pudimos ubicar a cada uno. Ahora, luego de la presentación en audiencia, el expediente de cada uno se encuentra en reserva, lo que no permite a los abogados ejercer las apelaciones», explicó Rojas a El Pitazo vía telefónica.

El sábado 9 de julio, el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia con competencia en terrorismo declaró con lugar la solicitud de la Fiscalía y ratificó la medida de privación de libertad de los militantes del partido acusados por los delitos de presunta asociación y conspiración.

Bandera Roja informó recientemente sobre una campaña de solidaridad para recolectar fondos que le permitan a la organización política brindar apoyo a los militantes detenidos, principalmente aquellos provenientes del interior y quienes no tienen familiares en la ciudad capital, donde están detenidos en las sedes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara y en el municipio Sucre.

«Se requiere de una logística de alimentación diaria que debemos cubrir y para la que no estábamos preparados porque se trata de detenciones ilegales, arbitrarias, ya que nuestros compañeros, en el marco del compromiso en sus organizaciones sindicales, estaban en la vanguardia de protestas constitucionales, legales, ejerciendo sus derechos», añadió Rojas.

La coordinadora de derechos humanos de Bandera Roja advirtió, además, de que las autoridades continúan ejecutando allanamientos en viviendas de militantes del partido en Táchira, Yaracuy, Lara y Caracas, en medio de lo que la organización calificó de razzia represiva.

«Esta situación fue orquestada por el régimen para intimidar, sin duda alguna, y asustar a quienes acompañan a los militantes de nuestra organización, para desmovilizar la protesta», resaltó Rojas, quien agregó que pudo constatar que en los lugares de detención los detenidos no han sido golpeados; sin embargo, las condiciones de esas áreas de la PNB vinculadas con las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) no le permiten afirmar que se encuentren bien.

«Aquí no se puede hablar de presos buenos o malos. No están golpeados, están con la moral en alto, pero las condiciones carcelarias del país no nos permiten decir que están bien«, refirió Rojas.

Así como la coordinadora de derechos humanos de Bandera Roja destacó las irregularidades en el proceso contra los militantes detenidos, la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia también alertó sobre diversos elementos en el proceso judicial.

«Pudimos observar cómo la Fiscalía imputó dos delitos que no pudieron demostrar y que están sustentados en elementos probatorios muy débiles: apenas existe una denuncia, una conversación telefónica, obtenidas, además, de manera ilegal. Pero lo más grave es que la decisión que fue emitida por el tribunal no logró demostrar que estas personas podían ser privadas de libertad», resaltó recientemente el abogado de la ONG, Kelvi Zambrano.

Bandera Roja reitera a las autoridades su exigencia de libertad inmediata para Meléndez, Negrín, Astudillo, Cortés; así como para Alcides Bracho, docente y activista sindical del sector universitario, y el trabajador humanitario y sindicalista Gabriel Blanco.

«Vamos a seguir organizando protestas de calle. Las responsabilidades que tenían nuestros compañeros las vamos a asumir, esto no va a hacer que acallemos las protestas. Vamos a continuar con las acciones legales y en la calle», concluyó Rojas.

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