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Caracas
domingo, 7 agosto, 2022

Ministerio Público emite orden de captura contra Carla Angola

El fin de semana, Angola fue tendencia luego de referirse al asesinato del líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri y compararlo con la situación del presidente Nicolás Maduro

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Caracas.- Este jueves 4 de agosto, el fiscal general de República del gobierno de Nicolas Maduro, Tarek William Saab, anunció que fue emitida una orden de captura contra la periodista venezolana Carla Angola, por presunta «apología al magnicidio». 

«Carla Angola está convicta y confesa», afirmó durante una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV). El fin de semana, Angola fue tendencia en las redes sociales luego de referirse al asesinato del líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, y compararlo con la situación del presidente Nicolás Maduro. 

«Cada vez que matan a un líder criminal como ocurrió hoy del segundo al mando Al Qaeda, Estados Unidos manda un drone y desaparecen a este hombre a quien estaban cazando desde hace 21 años (…) Y qué es lo que dice el venezolano en redes sociales ¿Por qué no hacen lo mismo con Maduro?», comentó Angola durante una entrevista que le hizo a Antonio de la Cruz, presidente de Inter American.

La solicitud de detención se hizo ante el Tribunal de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mientras que la investigación del caso fue encomendada a la Fiscalía 8ª del Área Metropolitana de Caracas y fiscales nacionales, precisó en una rueda de prensa desde la Escuela Nacional de Fiscales.

Investigación al esposo de Angola 

Saab también señaló que el Ministerio Público abrió una investigación contra el esposo de esta periodista, Luis Alejandro Arévalo Troconis, propietario de un inmueble ubicado en la Urbanización El Cafetal del municipio Baruta, estado Miranda.

Saab aseguró que en el inmueble habitan cuatro familias en distintos anexos, dos de ellas que en el año 2014 le hicieron entrega de una gran suma de dinero para adquirir la titularidad de dicho inmueble. Sin embargo, al no haberse formalizado su condición jurídica ni protocolizado dicha venta, se evidencia que estos ciudadanos hubieran sido víctimas del delito de estafa.

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