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sábado, 28 mayo, 2022

Expertos: proyecto de ley de cooperación internacional busca controlar financiamientos

Marianna Romero señaló que solo en 2020 hubo al menos cinco amenazas televisadas por parte de funcionarios del Estado, en las que se insistía en la necesidad de aprobar una ley para controlar y restringir el trabajo de las ONG

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Caracas.- Mientras el Gobierno de Maduro defiende el proyecto de ley de cooperación internacional, que retomó la Asamblea Nacional electa en 2020 controlada por el chavismo, bajo el argumento de que las organizaciones no gubernamentales (ONG) «deben rendir cuentas», defensores de derechos humanos mantienen las alertas encendidas.

Este viernes 13 de mayo, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia; Marianna Romero, del Centro para los Defensores y la Justicia, y Deborah Van Berkel, de la organización Sinergia, participaron en un foro virtual organizado por el Observatorio Social Humanitario.

Estos expertos coincidieron en que el proyecto de ley, que se retoma de 2005, cuando se aprobó en primera discusión, pero no pasó de allí y que luego, en 2010, se desempolvó sin avanzar mucho, busca criminalizar el trabajo de las ONG y reducir, hasta cerrar, el espacio cívico.

Marianna Romero señaló que solo en 2020 hubo al menos cinco amenazas televisadas por parte de funcionarios del Estado, en las que se insistía en la necesidad de aprobar una ley para controlar y restringir el trabajo de las ONG, bajo la premisa de que pudiesen estar promoviendo actividades desestabilizadoras.

Recuerda que, desde 2002, al menos 10 instrumentos normativos han ido sentando bases para la criminalización, así como sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se han dictado, basadas en la defensa de la soberanía, pero que desde el Centro para Defensores denominan “lógica del enemigo interno”.

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Sostiene que, paralelamente a estos instrumentos legales, se ha intensificado el ataque a defensores de derechos humanos. El Centro para Defensores registró en 2019, 235 agresiones; en 2020, más de 300 y en 2021, casi 400.

“Nuestra preocupación es que frente a la estigmatización hacia los defensores señalándolos de injerencistas, esta ley es ambigua y discrecional. La cooperación es un derecho establecido en la normativa internacional. Más allá de recursos económicos, implica también asistencia técnica y la interacción con organismos internacionales”, dijo Romero.

¿Cómo se recibirá la ayuda?

En cuanto a las restricciones, Alí Daniels explicó que se establece un registro, un procedimiento de autorización, para decir cuál ONG puede y cuál no puede recibir ayuda.

Se refirió al artículo 1, en el que se establece que la cooperación es del Estado. Esto les preocupa, ya que da a entender que toda la cooperación es pública. “Sería la estatización”, agregó. “Implicaría que la cooperación solo podría ser a través del Estado, que manejaría el dinero, algo terrible dado que el gobierno nunca rinde cuentas”, indicó Daniels.

En cuanto a las sanciones, insistió en la utilización de términos “preocupantes” como el de “eliminar”, además de “prohibir, restringir y suspender”.

Explicó que son cuatro sanciones para una misma conducta, por lo que se preguntó ¿cuál es esa conducta? Y agregó: “Que de la acción de las ONG se genere una medida unilateral contra la República, sea directa o indirecta”.

“¿Cuándo ocurre cada una? No lo sabemos. Queda a discreción de quien imponga la sanción, que tampoco sabemos quién es. Cuál es el procedimiento, a dónde se puede recurrir y cuál es el lapso, tampoco sabemos. La discrecionalidad es temeraria y es una arbitrariedad”, agregó el abogado.

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Otro detalle que destacó Daniels es que se asume que las sanciones individuales son consideradas como sanciones contra la República.

Restringir la labor de las ONG

Para Deborah Van Berkel, el Estado busca controlar los recursos económicos y la representación ciudadana en los espacios públicos.

El Estado quiere definir qué hace el ciudadano y no lo que el ciudadano puede hacer libremente de acuerdo con un marco legal democrático”, dijo.

Agregó que no solo se restringe la labor de las ONG, sino también de las universidades, medios de comunicación, organizaciones religiosas, académicas, de formación política y comunitaria. Señaló, además, que los informes que puedan generar las organizaciones pueden ser percibidas como una amenaza por el Gobierno, porque los expone.

En cuanto a acciones a emprender, destacó que están dando a conocer los alcances de esta ley, tanto interna como externamente, para ejercer presión y que este proyecto no se apruebe en los términos en que se plantea.

No es una ley para la cooperación. Es una ley para quitarle capacidad a la sociedad para generar mecanismos de solidaridad nacional e internacional a la que tiene derecho”, manifestó Van Berkel.

Finalmente, los expertos indicaron que las ONG que sean aprobadas por el Gobierno quedarían como simples operadores de acciones que el Estado apruebe, “lo que nos marca un punto de inflexión en el trabajo de defensa del espacio cívico”, resaltó Van Berkel.

Los expertos agregaron que ya se han comunicado con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y esperan una reunión con los representantes en Caracas, así como también con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha) y los distintos donantes.

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