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lunes, 28 noviembre, 2022

Cuatro militantes de Bandera Roja y un activista de derechos humanos detenidos recientemente

Cinco detenciones registradas en los últimos cuatro días en diversas regiones del país, incluida la ciudad capital, marcan un nuevo período de represión contra sindicalistas, partidistas y activistas humanitarios, según advierte la ONG Provea

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Caracas.- Una nueva ola de detenciones selectivas, así califica la ONG Provea las acciones que autoridades y cuerpos de seguridad ejecutaron en los últimos días. Cuatro militantes del partido Bandera Roja y un activista de derechos humanos fueron detenidos en diversos sectores del país por organismos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la División de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana (DIE-PNB).

La organización política Bandera Roja, por su parte, calificó de secuestro la detención de sus cuatro miembros, entre quienes está el secretario general del partido en Guárico, Reynaldo Cortés, detenido este jueves, 7 de julio; Néstor Astudillo, un dirigente social y trabajador de la construcción, a quien autoridades detuvieron en Charallave, estado Miranda. Se suman los miembros partidistas Alcides Bracho, del sector mirandino de El Junquito, detenido el 4 de julio, y Alonso Meléndez, un ingeniero pesquero de Falcón.

El partido político precisó que a Bracho le imputan delitos de conspiración, posesión de armas de fuego y asociación para delinquir. La Coalición por los Derechos Humanos reportó en Twitter que en el caso de Bracho, un docente y dirigente sindical, el juez 4to de Terrorismo ordenó el miércoles mantener la privación de libertad sin contar con elementos de convicción.

En el caso de Meléndez, su esposa informó que pese al hermetismo de las autoridades policiales en Coro, se conoció que al militante lo llevaron a un chequeo médico tras su detención para presuntamente trasladarlo a Caracas por una acusación por un supuesto plan para atacar Pdvsa.

En torno a los casos de Astudillo y Cortés, Bandera Roja resaltó que las autoridades no los han presentado en tribunales y presumen que los involucren en una narrativa similar con la que vinculan a Bracho y Meléndez. 

De acuerdo con lo detallado por el Observatorio de DD. HH. de Los Llanos, Cortés está detenido en la sede de la Dgcim en San Juan de los Morros, con una orden de detención que emitió un tribunal de Caracas y que ejecutó la Fiscalía 4ta del Ministerio Público del estado Guárico. 

Contactado por El Pitazo, el secretario general nacional adjunto de Bandera Roja, Carlos Hermoso, resaltó que la represión actual contra cuadros y miembros de Bandera Roja se registra en medio de un proceso de unificación social de protesta por exigencias vinculadas con el rescate del salario, las prestaciones y las pensiones, demandas que comparten diversos sectores laborales del país. 

«El Gobierno lanza esta razia represiva contra Bandera Roja buscando no solo aislarnos, sino amedrentar al movimiento de masas. Ese es su objetivo: una razia terrorista que atenta contra los derechos más elementales. Hay una coincidencia creada por el Gobierno cuyo objetivo es frenar ese proceso de unidad de conjuntos sociales disímiles», explicó Hermoso vía telefónica.

El vocero del partido destacó que mantendrán las acciones de unificación de la protesta y las demandas de los sectores laborales más afectados por la crisis económica y social, y esperan que el próximo sábado, 9 de julio, se concrete un encuentro entre dirigentes sociales, sindicales y gremiales en Caracas, que permita sentar las bases para la creación de un frente común de lucha.

«Vamos a mantener las iniciativas. Esto nos motiva para impulsar un frente nacional contra la represión y por la libertad de todos los presos políticos«, añadió Hermoso.

Arbitrariedad y represión    

Además de las detenciones de los cuatro miembros de Bandera Roja, en la madrugada del jueves funcionarios de la Dgcim se presentaron en la residencia del sindicalista y activista humanitario, Gabriel Blanco, de 45 años, ubicada en Coche, en el suroeste de Caracas, para trasladarlo y que de esa manera ofreciera declaraciones de las que Blanco no tenía ningún conocimiento, según denunció en redes sociales.

Los coordinadores de Provea, Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado, acudieron al lugar para constatar el procedimiento. Las autoridades, entre quienes estaban funcionarios vestidos de civil, le quitaron a Blanco su teléfono celular y su cédula de identidad. Pasadas las 12 de la noche, miembros de la DIE trasladaron a Blanco a la sede de la Comisaría La Quebradita. 

De acuerdo con el reporte de Provea, a Blanco le imputan los presuntos delitos de terrorismo y asociación para delinquir. «Estamos ante una nueva arbitrariedad, un hecho de represión contra el movimiento sindical. Denunciamos esta situación. No hay ningún motivo para la detención de Gabriel Blanco, no cometió ningún delito. Defender derechos no es delito», advirtió Alvarado.

Así como Blanco, otro dirigente sindical y activista de derechos humanos, Emilio Negrín, fue detenido en su residencia, en El Junquito (Miranda), el martes 5 de julio, y posteriormente trasladado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en La Quebradita.

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