Enfermeros piden investigar a jefes de salud por corrupción en hospital de Acarigua

Durante una asamblea efectuada este lunes, 11 de octubre, el gremio fijó posición por los hechos de corrupción que se le atribuye al personal, y solicitó al Ministerio Público investigar por igual a Emilio Montilla, director del hospital Casal Ramos, y a la autoridad regional de salud, el doctor Jesús Aldana

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El gremio fijó posición por los hechos de corrupción que se le atribuye al personal | Foto: Mariangel Moro Colmenárez

Acarigua.- El personal de enfermería del hospital Dr. Jesús María Casal Ramos de Acarigua-Araure, en Portuguesa, exigió a los órganos de administración de justicia investigar por igual a las autoridades regionales de salud y del centro asistencial, en referencia a los presuntos hechos de corrupción por los cuales fueron detenidas tres enfermeras el pasado miércoles 6 de octubre.

Este lunes, 11 de octubre, durante una asamblea efectuada en el mismo hospital, el gremio fijó posición con respecto a estos acontecimientos que -según afirman- desprestigian la labor que desempeñan, aún en medio de las limitaciones que afrontan por la falta de insumos médicos para atender a los pacientes, las pésimas condiciones en las que se encuentran todos los servicios del hospital, la sobrecarga de trabajo por el ausentismo laboral y el riesgo de contagio del virus pandémico.

El Colegio de Profesionales de la Enfermería de Acarigua-Araure, emitió un comunicado en el que exigen al Ministerio Público iniciar una investigación exhaustiva contra quienes dirigen los entes rectores de salud en el estado, entre ellos a los doctores Emilio Montilla, director del hospital Casal Ramos, y a Jesús Aldana, autoridad de salud en la región.

«Es el Estado el que debe garantizar la dotación de insumos para los hospitales, la preservación de la vida del personal y de los usuarios y hoy en día hemos visto un silencio por parte de las autoridades», expresó Ana María Velázquez, presidenta del gremio.

En el mismo documento, se exhortó a las autoridades a establecer protocolos de trabajo y de seguridad para todo el sistema de salud regional y a diseñar un plan para mejorar las condiciones laborales, basado en el análisis de la carga de trabajo y en la situación actual, para que se les permita a los trabajadores hacer frente a la presión asistencial sin que esto repercuta en su salud y en la calidad de la asistencia que se brinda a los pacientes.

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Velázquez indicó que en el Casal Ramos existe un 90 % de ausentismo laboral, y que debido a esta situación, el personal de algunos servicios, muchas veces debe cubrir las áreas críticas donde hay más de 15 pacientes, incluso unos graves, porque solo hay una enfermera para todos.

Destacó que las autoridades del hospital no sustituyen o llenan las vacantes que hay por renuncias o permisos. «El año pasado se levantó un acta y se le dio a conocer esta situación al doctor Emilio Montilla, es algo que se ha venido agravando y lo habíamos advertido, porque sabíamos que sería una olla de presión. A enfermería hoy le quieren dar una responsabilidad que no tiene».

Con respecto al cobro de honorarios en divisas atribuido al personal, la líder gremial señaló que en muchos de los casos, son los familiares, que al ver que no hay enfermeras en las áreas, contratan a otras para la atención.

«Todo sabemos que la salud en el estado Portuguesa no es pública sino privada porque el paciente o su familiar tiene que costear desde el algodón, la hidratación, la inyectadora y hasta el tratamiento, por lo tanto es el Estado el que convirtió la salud en privada y es el Estado el que tiene la responsabilidad de garantizar la vida de los pacientes y la atención en los servicios», expresó.

En representación del gremio, Velázquez advirtió que todos están conscientes de los momentos que atraviesan las familias de las víctimas, ya que a diario conviven «con el sufrimiento y el dolor de los enfermos  y sus familiares, que en la medida de nuestras posibilidades intentamos mitigar», dijo.

También lamentaron las muertes que se han registrado en el hospital y se hicieron solidarias con los deudos, así como con las enfermeras investigadas. «Nos preocupa enormemente las declaraciones públicas ante los medios de comunicación, en las que se acusa a los profesionales de enfermería, calificándolos como corruptos y de bandas organizadas, cuando hemos estado siempre prestando el servicio a la población».

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